El Juzgado de lo Social absuelve al alcalde, al delegado de Urbanismo y al de Medioambiente en la denuncia de una extrabajadora municipal y declara su despido procedente

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El juzgado de lo Social número 2 de Sevilla ha absuelto al alcalde de Los Palacios y Villafranca, Juan Manuel Valle (IP-IU), al delegado de Urbanismo, Manuel Begines y al delegado de Medio Ambiente, Jesús Condán, en la denuncia de una extrabajadora municipal donde se les acusaba de prevaricación, tráfico de influencias y de delito contra los derechos de los trabajadores y contra la integridad. Así, este mismo juzgado declaró procedente el despido de dicha extrabajadora municipal. De otra parte, el juzgado de Utrera ha archivado la querella criminal de esta misma extrabajadora también contra el alcalde y los dos delegados.

Por su parte, el Ayuntamiento palaciego aprobó el pasado jueves una moción para dar conocimiento de estos asuntos al Pleno y dar por finalizada la comisión de investigación abierta a instancias del grupo popular en diciembre de 2014 para aclarar las graves acusaciones de la extrabajadora donde, entre otras, afirmaba que había recibido "amenazas tras emitir un informe desfavorable a la licencia de una gasolinera".

Al mismo tiempo, los grupos de la oposición (PA, PP y PSOE) y diferentes medios de comunicación se hicieron eco de todas las publicaciones que “la propia extrabajadora y su gabinete jurídico difundieron de manera maliciosa y con el claro propósito de difamar y atentar contra la imagen del alcalde y de los delegados de Urbanismo y Medio Ambiente”, apuntaba textualmente la moción aprobada en el pleno.

El alcalde palaciego lamentó “las ruedas de prensa, las notas de prensa a los periódicos, y las publicaciones en redes sociales por parte de la oposición de lo que era una mera invención por un despido” con el único propósito de hacer daño político a tan sólo unos meses de las elecciones municipales de 2015; y llamando “poderosamente la atención” que el abogado de la extrabajadora es el mismo que defiende al exalcalde socialista Antonio Maestre, a las exdelegadas socialistas Rosario Gavira y Rosario Ayala, así como a otra trabajadora municipal que denunció a Juan Manuel Valle por un supuesto acoso laboral y cuya querella ha sido archivada hasta en 3 ocasiones.

En cualquier caso, al encontrarse los hechos denunciados por la extrabajadora municipal en vía judicial penal y vía laboral, tanto el Ayuntamiento palaciego, como los denunciados mostraron la prudencia oportuna en aras a no entorpecer la labor de la Justicia, pese a la gravedad de las acusaciones formuladas y el daño irreparable generado no sólo a las personas denunciadas sino a la misma institución y a los funcionarios de la misma que, en todo momento, actuaron con escrupuloso respeto a la legalidad, tal y como recoge sus declaraciones durante los procedimientos judiciales mencionados.

Con estas denuncias, con la difusión íntegra de su contenido en diferentes medios de comunicación y redes sociales, y el malintencionado bombo mediático que le dieron los grupos de la oposición , “no sólo se ha dañado el honor personal de los denunciados, sino que se ha manchado la imagen del Ayuntamiento que representa a todos los palaciegos, habiendo pretendido dar por hecho, sin esperar el pronunciamiento judicial, que los representantes políticos denunciados y los funcionarios municipales no habían actuado respetando la legalidad”. En opinión del primer edil, este caso “siempre obedeció a una estrategia promovida por PA, PP y PSOE en plena precampaña electoral, a la que se sumaron UGT y CSIF para hacernos todo el daño posible”.

Para Valle, “lo mínimo que tendrían que hacer es pedir perdón después de haber dado por ciertas unas acusaciones falsas y cuestionar la honradez y buena fe del equipo de Gobierno y porque les ha dado igual que hasta 5 funcionarios de este Ayuntamiento hayan ido a declarar al juzgado diciendo que lo que decía esta señora era totalmente falso echando por tierra también la honestidad de estos funcionarios.”

Si bien, tanto el auto de archivo del juzgado de Utrera como la sentencia de lo Social han sido recurridas por la ex trabajadora municipal, desde el equipo de Gobierno se espera que “ambos se archiven definitivamente” y anunció estar estudiando “emprender acciones legales contra todas las personas que han formado parte de toda esta trama de difamaciones”.

A estos procedimientos judiciales hay que unir el archivo por parte de la Fiscalía de las denuncias promovidas por el grupo socialista (por supuestos delitos en los reparos del órgano interventor y tráfico de influencias) y, hace apenas unas semanas, por el grupo andalucista (por supuesto intrusismo profesional, supuesta usurpación de funciones y supuesta prevaricación), lo cual ha supuesto el “enésimo varapalo­­ para el portavoz andalucista Pedro Amalio Moguer”.


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