Hoy, alcaldes y alcaldesas de diversos municipios gobernados por Izquierda Unida de la provincia de Sevilla, entre ellos el alcalde de Los Palacios y Villafranca, Juan Manuel Valle (IP-IU), han comenzado un encierro simbólico en la Diputación Provincial de Sevilla con un mensaje “claro y contundente”: el Gobierno de España está reduciendo, desde el mes de enero, los fondos que les corresponden a los ayuntamientos a través de la participación en los tributos del Estado. Este recorte está afectando gravemente la capacidad de estos pueblos para prestar los servicios públicos esenciales a sus ciudadanos (en el caso de Los Palacios y Villafranca más de 400.000 euros).

Para Juan Manuel Valle, la situación viene provocada por el Partido Popular, Vox y Junts, que en enero votaron en contra en el Congreso de los Diputados de la convalidación del Real Decreto Ley 9/2024 presentado por el Gobierno de la nación. Este Real Decreto, aunque rectificado en algunos aspectos relativos a las pensiones y la actualización del ingreso mínimo vital, no fue modificado en lo que respecta a la actualización de la participación de los ayuntamientos en los tributos del Estado. La no convalidación de este Real Decreto ha derivado en la derogación de medidas claves, entre ellas el artículo 15, que planteaba la actualización de los fondos que deben recibir los ayuntamientos, lo que ha provocado una pérdida significativa de recursos.

En concreto, los ayuntamientos se encuentran ahora con los ingresos del año 2023, a pesar de que en sus presupuestos de 2024 ya habían contemplado los aumentos correspondientes. Esto está generando serias dificultades económicas, ya que los gastos comprometidos no se corresponden con los ingresos reales. La situación es urgente y, de no corregirse, podría desencadenar problemas aún más graves para las administraciones locales.

Juan Manuel Valle ha señalado que esto supone “un atraco a mano armada" que pone en peligro la capacidad de los municipios para cumplir con sus responsabilidades y garantizar el bienestar de sus vecinos y vecinas. Por ello, los alcaldes han realizado un llamamiento al resto de las fuerzas políticas, instándoles a presionar para que se corrija esta situación con urgencia, antes de que las consecuencias se agraven aún más.

Asimismo, han exigido al Gobierno de España la inmediata adopción de un nuevo Real Decreto Ley que restablezca los fondos que legítimamente les corresponden, y han solicitado a los grupos parlamentarios del Partido Popular, Vox y Junts que cambien su postura y apoyen esta medida de forma pública.

El encierro, se lleva a cabo en la Diputación Provincial de Sevilla, “porque es la casa de los ayuntamientos y lo hacemos para levantar la voz, para hacer saltar la alarma de la situación preocupante que se va a empezar a vivir y que ya se está viviendo en los ayuntamientos para garantizar la prestación de los servicios públicos a nuestros vecinos y a nuestras vecinas, buscamos visibilizar el grave problema de infrafinanciación que sufren los ayuntamientos, un problema que no solo proviene del Gobierno central, sino también del Gobierno de la Junta de Andalucía, que acumula una deuda histórica con los municipios”.

En este sentido, Valle ha denunciado el incumplimiento sistemático de la ley 6/2010 que regula la participación de los ayuntamientos en los ingresos de la comunidad autónoma, dejando a los municipios en una situación de desventaja. “El Gobierno de Moreno Bonilla acumula cientos de millones de euros de deuda con los ayuntamientos...cuando estaba en la oposición decía que había que saldar esta deuda histórica con los ayuntamientos, que cuando él fuera presidente iba a dotar el fondo de la Patrica con el dinero que se establece por ley y lo incumple un año detrás de otro”.

El municipio de Los Palacios y Villafranca, por ejemplo, tiene una deuda acumulada de la Junta de Andalucía de 5 millones de euros y, en este año, ha dejado de recibir otros 252.000 euros de lo que le corresponde. Este es solo un ejemplo de la deuda generalizada que afecta a muchos otros municipios de la provincia.

Los alcaldes y alcaldesas han advertido que, si no se resuelve esta situación, tomarán nuevas medidas más contundentes. Mientras tanto, seguirán luchando por los derechos de sus ciudadanos y por la financiación que les permita ofrecer los servicios públicos que la población necesita.